La Fiscalía confirma la acusación de rebelión contra los líderes independentistas

La Fiscalía mantiene la acusación por rebelión contra los líderes independentistas juzgados en el Tribunal Supremo al considerar que ha quedado acreditada la existencia de una violencia permitida y dirigida por ellos. 

La Fiscalía General del Estado ha elevado a definitivas este miércoles sus conclusiones "sin ninguna modificación sustancial", añadiendo además, según ha dicho el fiscal Jaime Moreno, una "redacción más completa y rica". La fiscalía solicita así por el delito de rebelión  25 años de prisión para la exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, 17 años para la expresidenta del Parlamento Carme Forcadell y 16 para los cinco ex consejeros que están en la prisión -Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa. También pide 17 años para Jordi Cuixart y  Jordi Sànchez.

Además, la Fiscalía pide que los líderes independentistas no puedan obtener el tercer grado, y por lo tanto, salir de la prisión hasta cumplir la mitad de una hipotética condena. Esto es lo que recoge el apartado 36.2 del Código Penal.

La fiscalía ha hecho otra modificación, este vez, en referencia a los miembros de la mesa que debían ser juzgados ante el Tribunal Supremo con el argumento de que ya se ha declarado competente para juzgarlos el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

 

En el escrito de la fiscalía había un error en las penas pedidas para Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, pues especificaba una pena de 18 años en vez de los 17 correspondientes, y rebajaba de 17 a 16 los años de pena de prisión solicitados para Carme Forcadell. La Fiscalía ya ha admitido que se trataba de un error.

Cómo ya justificó cuando hizo públicas las peticiones del juicio contra el proceso independentista, el pasado mes de noviembre, la fiscalía los aplica a todos ellos los puntos primero, quinto y séptimo del artículo 472 del Código Penal, y también el primero del artículo 473, como "promotores y/o cabecillas principales" de la presunta rebelión. También  pide la "inhabilitación absoluta" a cada uno por los mismos años de la petición de prisión, en aplicación del artículo 478.

La Abogacía del Estado también mantiene sus acusaciones

La abogacía del estado mantiene el delito de sedición. Un delito que el Código Penal considera de cariz menor, en su título XXII dedicado a los delitos contra el orden público. Se prevén hasta 15 años de prisión, así como la inhabilitación del cargo. Este delito penaliza a aquellos que se alcen públicamente y "tumultuosamente" con el objetivo de impedir, por la fuerza o por vías no consideradas legales, la aplicación de las leyes. También castiga que se impida a cualquier autoridad el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales.

Por su parte, la acusación popular de Vox mantiene las acusaciones para la mayoría de los líderes independentistas, excepto para Santi Vila, a quien le han retirado la acusación de organización criminal y malversación.
 

 

 

Las defensas piden su petición de absolución

Las defensas están explicando sus conclusiones. Todas mantienen la petición de absolución y algunas de ellas presentarán modificaciones no sustanciales.
 

"Alzamiento generalizado, salpicado de actas de fuerza, agresión y violencia"

La fiscalía considera a Junqueras máximo responsable de un "alzamiento generalizado, salpicado de actas de fuerza, agresión y violencia", que hicieron responder al rey con el mensaje del 3 de octubre. 

A Forn también se lo acusa del delito de rebelión, pero en un grado diferente, el de mandos subalternos, por lo cual la pena que se le pide es de 16 años, sumando el delito de malversación de caudales públicos.

En cuanto a los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa, la fiscalía argumenta que ejecutaron un plan acordado, plenamente conscientes de la ilegalidad del proceso. En el escrito de conclusiones, describe como Romeva, Rull y Turull participaron en reuniones donde se discutió el proceso de independencia y la construcción de un estado propio.

En referencia al 1 de octubre, añade que hicieron llamamientos públicos a votar, siendo conscientes de que había una "altísima probabilidad de que se sucedieran actos violentos".