Los exconsellers Turull, Romeva y Bassa, condenados a 12 años de cárcel por sedición y malversación

El Supremo considera que los tres intervinieron activamente en la "actuación sediciosa"; Romeva buscando el apoyo internacional, Bassa abriendo los colegios el 1-O y Turull presentado las urnas y haciendo el anuncio del censo universal.
Los exconsellers Turull, Romeva y Bassa, condenados a 12 años de cárcel por sedición y malversación

Los exconsellers Turull, Romeva y Bassa, condenados a 12 años de cárcel por sedición y malversación

El Supremo considera que los tres intervinieron activamente en la "actuación sediciosa"; Romeva buscando el apoyo internacional, Bassa abriendo los colegios el 1-O y Turull presentado las urnas y haciendo el anuncio del censo universal.
Josep Maria Camps
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Els exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa i Jordi Turull en la seva declaració davant el Suprem

El Tribunal Supremo ha condenado este lunes a 12 años de prisión a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

En la sentencia, los siete jueces encabezados por Manuel Marchena consideran probado que los tres cometieron los delitos de sedición y malversación de fondos públicos.

El principal argumento de la sentencia condenatoria en el caso de Raül Romeva es que "era conocedor de que estaba promoviendo la creación de una legalidad paralela y que, a través de la movilización ciudadana y el apoyo internacional, se podría neutralizar la capacidad de las autoridades gubernativas y judiciales para ejercer las funciones constitucionales propias".

La sentencia añade que Raül Romeva, "el 28 de septiembre de 2017 llegó a afirmar públicamente que si ganaba el referéndum se declararía la independencia en 48 horas desde que se hiciera oficial el recuento".

En el caso de Dolors Bassa, el Supremo la condena a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación por delito de sedición en concurso medial con delito de malversación de fondos públicos.

Según recoge la sentencia, Bassa, como consellera de Trabajo tomó decisiones ejecutivas necesarias para la celebración del Referéndum. Concretamente, considera que cedió el uso de centros cívicos como locales para la votación del 1 de octubre. Y también para las jornadas de Escuelas abiertas del mismo fin de semana.

Añade que tuvo una intervención decisiva para que estos centros estuvieran abiertos, blindándose los de una eventual negativa de sus directores a abrirlos. Ella asumió la competencia de todos los directores de centros escolares.

A Jordi Turull, el Tribunal Supremo lo condena a 12 años de prisión y a 12 de inhabilitación absoluta a cargo público por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos.

El Tribunal considera que intervino activamente en "la actuación sediciosa" porque participó en las diferentes reuniones que crear y poner en marcha el Pacto Nacional por el Referéndum.

La sentencia también hace referencia explícita a que era conocedor de que la desatención de los requerimientos del Tribunal Constitucional comportaba un delito de desobediencia. Subraya que persistir en la organización de un referéndum prohibido, agravaba la imputación.

Finalmente, la sentencia también le atribuye como hecho probado la participación en "la actuación sediciosa", la presentación de las urnas el 29 de septiembre de 2017 y el anuncio del censo universal el mismo 1 de octubre.
 


Entre 8 y 74 años

Las peticiones penales de las acusaciones eran las mismas para los tres: la Fiscalía pedía 16 años por los delitos de rebelión y malversación, y la Abogacía del Estado pedía 8 por sedición y también malversación.

La pena más alta era la de la acusación popular ejercida por el partido de extrema derecha Vox, que quería que fuesen sentenciados a 74 años de prisión.

Esta era la misma pena que Vox pedía para Oriol Junqueras, Josep Rull y Joaquim Forn; a todos, por varios delitos de rebelión y sedición, además de organización criminal y malversación


"Altísima probabilidad de actos violentos"

A los tres la Fiscalía les acusaba de ser los mandos subalternos de la rebelión, justo por debajo de Junqueras, y de haber ejecutado un plan acordado sabiendo que era ilegal.

También que hicieron llamamientos a votar el 1-O, siendo conscientes de que había "una altísima probabilidad de actos violentos".

La Abogacía del Estado les atribuía "haber inducido, sostenido y dirigido la sedición desde su condición de miembros del govern", es decir, desde un estatus de "autoridad".

Vox, por su parte, aseguraba que los ahora condenados "lanzaron violentamente las masas de ciudadanos catalanes separatistas" contra las instituciones del estado español.


"El Código Penal de la disidencia"


El abogado defensor de Romeva, Andreu Van den Eynde, argumentó durante el juicio que la inmensa mayoría de pruebas presentadas por las acusaciones provenían del juzgado 13 de Barcelona.

Según el abogado, la instrucción de este juzgado fue "ilegal", y no  hubo "fiabilidad" en la presentación de estas pruebas en el Supremo, lo que vulneró los derechos de los acusados.

Van den Eynde afirmó que las acusaciones confundieron "desobediencia" con "rebelión", y que el resultado del juicio será en el futuro "el Código Penal aplicable a la disidencia política".


"Una presión legítima"


El abogado de Bassa, Mariano Bergés, señaló que en otoño del 2017 no hubo violencia por parte del independentismo, sino solo "una presión legítima" en el ejercicio de derechos fundamentales.

En cuanto a su defendida, que entonces era consellera de Trabajo, Bergés afirmó que las acusaciones no habían podido aportar ninguna prueba que la incriminara en relación a los delitos de que se le acusaba.


El "ridículo" de las acusaciones


Y el defensor de Rull y Turull, Jordi Pina, consideró que las acusaciones habían hecho el "ridículo" intentando probar que había habido rebelión y sedición.

Contra Rull, dijo, solo tenían un tuit en que este se atribuyó, con "chulería", no haber dejado atracar barcos hotel de policías en Palamós, y contra Turull, facturas de cuando no era conseller.

Pina remató las argumentaciones diciendo que las acusaciones habían querido forzar los delitos de rebelión y sedición describiendo "protestas y manifestaciones" como si fueran "alzamientos rebeldes".


"Lícito, legítimo y legal"


Al inicio del juicio, el exconseller de Acción Exterior, Raül Romeva, se defendió manifestando que lo que habían hecho era "lícito, legítimo e incluso legal".

En este sentido, argumentó jurídicamente a favor del derecho de autodeterminación que, según dijo, se puede meter perfectamente dentro de la Constitución española.

En el último turno de palabra, al final de la vista oral, Romeva afirmó que el proceso contra ellos buscaba "escarmentar una ideología", y vaticinó que "hoy somos nosotros, pero mañana puede ser cualquiera."
 

El 1-O no fue un "acto concluyente"
 


En su declaración, la exconsellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias Dolors Bassa dijo que el referéndum del 1-O no fue ningún "acto concluyente" para conseguir la independencia.

Según explicó, esperaban que les "ayudaría en la negociación", y negó que, asumiendo la responsabilidad sobre los centros cívicos el fin de semana del 1-O, hubiera vulnerado la legalidad.


El independentismo, "de abajo hacia arriba"


El exconseller de Presidencia Jordi Turull afirmó que "el movimiento independentista va de abajo hacia arriba", y recordó que la organización de referéndums se despenalizó en 2005.

En relación a la prohibición del 1-O por parte del Tribunal Constitucional, aseguró que el gobierno español en 5 años incumplió 25 sentencias suyas y que no había pasado nada.

En el turno de última palabra, al final del juicio, Turull dijo que le juzgaban "por no haber renunciado a la actividad política", y que el juicio buscaba "un escarmiento a costa de lo que sea".


 

 

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Dolors Bassa Jordi Turull Raül Romeva Juicio "procés"