Sànchez, sobre el 20-S: "Yo no asumo la seguridad, hago tareas de servicio de orden"

Este jueves por la mañana, tras la declaración del exconseller de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, sobre las 11:15 h ha tocado el turno del expresidente de la ANC, Jordi Sànchez.

El expresidente de la ANC se ha sometido a las preguntas de la Fiscalía, ejercida por el fiscal Javier Zaragoza, y ha empezado declarándose como un preso político.

Sànchez también ha asegurado que "los hechos" que utilizan la Fiscalía y la Abogacía del Estado para acusarlo son "falsos": 

"Me considero un preso político. Esto es un juicio político y creo que mi obligación como ciudadano que tiene la voluntad de dar respuesta a la verdad, y ante un tribunal que se presenta con la voluntad de ser imparcial, quiero dar esta oportunidad de demostrarlo."

 "Y como estoy convencido de que todos los hechos que el ministerio fiscal y la Abogacía del Estado mantiene contra mi persona son falsos, no tengo ningún temor a poder responder y poder ofrecer la verdad a mis conciudadanos."

 

La hoja de ruta de la ANC

A las preguntas del fiscal por la llamada "hoja de ruta" de la ANC, Sànchez ha defendido que este tipo de herramienta es muy común en muchos ámbitos, y que solo son "elementos declarativos de intenciones".

Sin embargo, Sànchez ha puntualizado que cuando se aprobó la de la ANC, él no era el presidente:

"Todo el mundo utiliza hojas de ruta. Hace pocas semanas escuchábamos al gobierno de Sànchez y al PSOE hablar de su hoja de ruta, es un concepto que se ha normalizado y todas las hojas de ruta son elementos declarativos de intenciones, con el valor que tienen las intenciones políticas. La hoja de ruta hacia la independencia aprobado por el ANC se hizo cuando yo ya no era el presidente, pero conozco el documento."

La movilización ciudadana, "elemento fundamental del estado de derecho"

Al preguntarle por su papel al frente de la ANC, Sànchez ha defendido la función movilizadora de ésta, y ha destacado la legitimidad y la legalidad, también para trabajar a favor de la independencia de Cataluña:

"La movilización ciudadana es un elemento fundamental en el estado de derecho, y esta movilización sirve para generar una cohesión y una mayoría social."

"Hay un deseo y una voluntad inequívoca, que es la independencia, que, como el tribunal sabe, en este país, en propia sentencia del TC al no tener una Constitución y una democracia militante, es perfectamente legítimo poder plantear la independencia como es el deseo de mi persona y de la ANC."

En este sentido, Sànchez se ha quejado de que la acusación cuestione las "movilizaciones absolutamente pacíficas":

"En el escrito de acusación, hay varias referencias, apartados donde parece cuestionarse, de una manera muy evidente, lo que han sido movilizaciones absolutamente pacíficas en el estricto ejercicio del derecho a la manifestación y a la protesta. Esto me ha llevado a considerarme, entre otros motivos, un preso político, de conciencia, porque estoy convencido de que estoy ante este tribunal por haber sido el presidente del ANC."

 

"Defendemos las instituciones"

El fiscal ha dedicado el grueso de sus preguntas a los hechos del 20 de septiembre del 2017 ante la sede de Economía en Barcelona, ​​que es la principal base argumental para acusarle de rebelión.

Sànchez ha dicho que no recordaba los detalles de cómo supo que había registros de la Guardia Civil y la comitiva del juzgado 13 de Barcelona, ​​ni de con quien había hablado ni a qué hora.

Sí que ha asegurado que la iniciativa de la protesta no fue solo suya:

"La sala debería ser conocedora de una realidad que sucedió este 20 de septiembre, donde esta movilización que se hizo para protestar, solo para protestar, ante esta decisión judicial, se hizo bajo un argumento, que era  "Defendemos las instituciones."

"Esta proclama no era mía exclusivamente, no era de la ANC exclusivamente. Ese mismo día, a lo largo de la mañana, se añadieron instituciones tan plurales y tan diferentes como CCOO, UGT, como los 8 rectores de las universidades públicas de Cataluña, todas las universidades públicas, entidades como las asociaciones deportivas, y podría seguir..."

 

Una "muralla humana"

Sànchez ha admitido que hizo un tuit a las 8:20 horas del día 20 para convocar la protesta ante Economía, y que lo comunicó "escrupulosamente, como siempre a la administración pertinente."

Ha añadido que cuando él llegó ya había mucha gente, en "una imagen de absoluta normalidad", que ha definido como "una muralla humana", y que intentó entrar en la Consejería pero que la Guardia Civil no lo dejó:

Jordi Sànchez: "Cuando yo llegué ya había una muralla humana y no fui consciente de que los vehículos de la comitiva judicial..."

Fiscal Zaragoza: "¿Alrededor de los vehículos?"

Jordi Sànchez: "Sí, las imágenes desde la puerta del edificio hasta donde estaban aparcados el edificio estaba lleno de profesionales de la prensa y de personas, algunas cargos públicos, que no permitían ver. Sinceramente, no me fijé en los vehículos hasta que volví dos o tres horas después."

 

Sànchez ha explicado que al mediodía recibió una llamada del conseller de Interior, Joaquim Forn:

"Recibí un mensaje o una llamada, no recuerdo, alrededor de las 12 aproximadamente del mediodía, del conseller de Interior, el señor Joaquim Forn, donde me dijo "nos tendríais que ayudar en materia de seguridad", como hacemos habitualmente en las manifestaciones con los voluntarios de los que habitualmente la Asamblea dispone, que es el servicio de orden que la legislación prevé y que toda convocatoria de movilización debe disponer. Me dijo "deberíais facilitar un espacio, un pasillo, para poder garantizar la entrada de las personas que considere la comitiva judicial", porque hay mucha gente que ha asistido a aquella manifestación."

 

Llamadas a Trapero y Laplana

El fiscal le ha formulado muchas preguntas relacionadas con las llamadas que cruzó Sànchez ese día con el Govern y los Mossos.

Sànchez ha respondido que Forn lo dirigió al mayor Trapero, y éste a la intendente Laplana para coordinar el servicio de orden de la ANC.

Según ha explicado, previeron que irían unas 2.000 personas, pero que acudió mucha más gente. El fiscal le ha preguntado cuánta, y Sànchez ha ironizado sobre las cifras que se dieron en la prensa, 60.000, más que las que calculó la Guardia Urbana, 40.000.

Sànchez ha afirmado que él no dijo ninguna cifra, pero el fiscal lo ha desmentido, y ha asegurado que en la primera declaración dio la cifra de 50.000, y Sànchez se ha disculpado.

Sànchez ha asegurado que, a pesar de la multitud, durante todo el día la concentración fue reivindicativa pero festiva, y que se dedicó a coordinar los voluntarios de la ANC para que hicieran de servicio de orden.

 

"Yo no asumo la seguridad"

Ante las preguntas del fiscal que implícitamente lo parecían afirmar, el expresidente de la ANC ha destacado que él no era el responsable de la seguridad de la concentración.

Fiscal Zaragoza: "Usted era responsable de lo que estaba ocurriendo allí."

Jordi Sànchez: "No, no, yo era responsable de lo que se me pidió por la mañana desde los Mossos, de hacer un pasillo. Yo era responsable de aquel pasillo en la medida que se me pidió esta colaboración. La obligación de alguien que convoca una manifestación y que es requerido por colaborar para garantizar el buen funcionamiento, con criterio acertado o no, no lo sé, pero mi obligación era dar esta colaboración a los Mossos. Y los Mossos me lo piden porque lo pidió la Guardia Civil: tenía que abrir un pasillo."

"Y yo ofrezco una colaboración pero no asumo ninguna responsabilidad, porque no tengo la capacidad, ni los conocimientos ni tengo la autoridad para hacerlo. Ya sé que hay una parte del relato que intenta proyectar sobre mí, y el otro día pude escuchar del ministerio fiscal, como si yo fuera el coordinador de seguridad: esto es radicalmente falso."

"Yo no asumo la seguridad de nada, yo hago unas tareas de servicios de orden. La seguridad es competencia de los Mossos y de la Guardia Civil, con lo cual, yo niego la mayor, no asumo nada de nada."

 

A las preguntas reiteradas del fiscal en este sentido, negó que la concentración obstaculizara el trabajo ni de la comitiva judicial ni de la Guardia Civil:

"No hubo en ningún caso ninguna persona, ni el señor Jové ni otros, que dejaran de estar presentes en el registro por motivo de la manifestación que se estaba haciendo en la Rambla de Cataluña."

"La comitiva judicial estaba desarrollando con absoluta normalidad su trabajo. No lo digo yo, lo dicen los tenientes, los responsables de aquella comitiva, ante la juez Lamela."

En este sentido, Sànchez ha pedido al tribunal que visione las imágenes grabadas, no por los manifestantes o por los medios de comunicación, sino por las cámaras de seguridad de la conselleria.

Según afirmó, en las horas de grabaciones de ese día se puede ver que, tanto dentro como fuera del edificio, no hubo ningún acto de violencia contra nadie, ni siquiera se tiró nada contra las puertas de la conselleria.

 

 

Los coches de la Guardia Civil

En referencia a los únicos destrozos registrados ese día, los famosos coches de la Guardia Civil destrozados o "devastados", Sànchez explicó que tuvo noticia de ello después del mediodía.

El entonces presidente de ANC condenó los daños sufridos por los coches, pero se preguntó cómo pudo pasar:

"¿Cómo es que no hay ninguna imagen, ninguna, sobre cómo se están produciendo estos daños sobre estos vehículos?"

Sànchez dijo que estos daños "no se produjeron por un levantamiento puntual", sino que seguramente fue por la acumulación de acciones individuales a lo largo de todo el día.

 

"Puedo ser independentista, pero no idiota"

Cuando el fiscal insinuó que alguien puede haber responsabilizado de los daños a la misma Guardia Civil, Sànchez mostró su enfado, al considerar que estaba poniendo dicha afirmación en su boca:

"Puedo ser independentista, pero no idiota: los guardias civiles no dañaron los vehículos, y por tanto, pido que no se me atribuyan afirmaciones que yo no he hecho."

Sànchez cerró el tema de los coches afirmando que no se habló de los daños sufridos por los coches hasta la madrugada.

 

El abogado interviene y Marchena lo hace callar

 

Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, este jueves interviniendo durante la sesión en el Tribunal Supremo

 

Durante el interrogatorio del fiscal, Sànchez se quejó de que se quería leer un extracto de una declaración suya durante la instrucción del caso, y ha pedido que se pusiera la grabación, que ha considerado más fiel.

Fue en ese momento cuando el abogado de Sànchez, Jordi Pina, se quejó de que el fiscal estaba presionando a Sànchez para hacerlo entrar en contradicciones. El presidente del tribunal le llamó la atención:

Jordi Pina: "Sólo en el caso de que el Ministerio Fiscal y la sala considerara que lo que está diciendo se contradice abiertamente con lo que dijo durante la instrucción ..."

Manuel Marchena: "Oiga, si el señor fiscal quiere formular alguna pregunta que después quiere contrastar con lo que se dijo en la declaración, en este momento ..."

Jordi Pina: "Es lo que estoy pidiendo."

Manuel Marchena: "No nos pronunciaremos ahora sobre el valor probatorio de nada, y muy importante, cuando esté hablando, por favor, déjeme hablar."

Jordi Pina: "disculpe, señor, no era mi intención faltarle al respeto."

 

Poco antes de las dos de la tarde Marchena preguntó al fiscal si le quedaban muchas preguntas, éste le dijo que unas cuantas, y el presidente del tribunal resolvió aplazar la sesión hasta las 4 de la tarde.

 

 

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Una agenda apretada

Tras Sànchez, sólo quedarán por declarar el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la ex presidenta del Parlamento, Carme Forcadell.

El objetivo del presidente del tribunal, Manuel Marchena, es empezar el próximo martes con la declaración de los primeros testigos, entre los que está el de Mariano Rajoy. Para cumplir este calendario, Sànchez, Cuixart y Forcadell deberían declarar antes.

 

Acusaciones y peticiones de penas

A Jordi Sànchez, al igual que a Jordi Cuixart, los acusan de rebelión y sedición. La Fiscalía pide para ellos dos 17 años de prisión y la Abogacía del Estado solicita 8.

En cuanto a Forcadell, también se le acusa de rebelión y sedición. La petición de pena de la fiscalía es la misma que para Sànchez y Cuixart, 17 años de prisión, mientras la Abogacía del Estado la eleva a 10 años.