¿Qué coste económico supuso el uso de los colegios electorales el 1-O?

Una vez acabadas las declaraciones de los últimos testigos en el juicio del procés, este jueves se ha continuado en el Tribunal Supremo con la prueba pericial.

En la sesión matinal han comparecido los autores de un dictamen solicitado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado que cuantifica el valor en dinero del uso de los colegios electorales el 1-O.

Careo de peritos de la acusación y la defensa

Este informe, que probaría el delito de malversación, fue elaborado por Carlos Javier Irisarri, de la empresa SEGIPSA, y José Manuel Cámara, de la empresa Ibertasa.

Los dos han declarado a la vez que Jordi Duatis y Joan Güell, del Colegio de Arquitectos de Cataluña, que han elaborado un contradictamen para la defensa de Dolors Bassa, de forma que la declaración se ha convertido en una especie de acaramiento.


Como si fueran edificios privados

A preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, Cámara ha dicho que han hecho la tasación como si los edificios utilizados por el referéndum fueran privados y se hubieran alquilado de acuerdo al valor catastral que tienen.

En este sentido, ha explicado que han usado la superficie de los edificios, el valor del suelo según el municipio y el uso habitual de los locales, entre otros criterios.

Irisarri ha justificado la valoración diciendo que hay la posibilidad de alquilarlos:
 

"Se puede conseguir dinero por estos locales, por supuesto. Ojalá me los dejaran a mí gratuitamente, pero no es el caso."

 

La fiscal Consuelo Madrigal, este jueves interrogando los cuatro peritos
 

No se ha tenido en cuenta la titularidad

Los peritos de la defensa repelieron dicho argumento diciendo que no tiene sentido hacer una valoración de este tipo, porque el informe mezcla edificios privados y edificios públicos, que no están en el mercado de alquiler.

En concreto, Joan Güell ha dicho que se usaron edificios de la Generalitat, de ayuntamientos, privados y de entidades religiosas y deportivas, y que "la titularidad, por un dictamen de estas características, es fundamental".

El otro perito de la defensa, Jordi Duatis, ha añadido que el cálculo solicitado por las acusaciones valoró el total de los edificios, cuando el uso que se  hizo el 1-O fue sólo parcial:
 

"El hecho de utilizar el catastro hace que valoren todo el inmueble, no sólo el espacio destinado a la votación".

También ha cuestionado que se haya establecido un alquiler de 24 horas, cuando los colegios electorales no estuvieron abiertos ni la mitad de dicho tiempo.
 

El arquitecto Joan Güell, primero por la derecha, este jueves respondiendo a las preguntas de las acusaciones ante el Tribunal Supremo

"Un valor razonable", según los autores

Por su parte, Güell ha añadido que tampoco se han tenido en cuenta las diferencias de precio del suelo que existen de un mismo municipio, ni tampoco la antigüedad de los edificios.

Cámara ha defendido su trabajo, asegurando que no han calculado "un valor de mercado", sino "un valor razonable". De todas maneras ha admitido que una "valoración masiva" de más de 2.300 locales como esta tiene limitaciones.

"No hay valoración posible"

La abogada del Estado Rosa María Seoane ha preguntado a los peritos de la defensa si habían hecho una valoración alternativa, pero Güell ha asegurado que una valoración como esta no es posible:

"Efectivamente, no hemos hecho ninguna valoración alternativa porque creemos que el encargo que le han hecho a nuestros colegas no tiene valoración. No hay valoración posible porque, insisto, los edificios públicos de la Generalitat de Cataluña no están en el mercado de alquiler."

 

El lucro cesante y la cesión gratuita

El abogado de Dolors Balsa, Mariano Bergés, que ha pedido el contradictamen, ha preguntado a los peritos sobre el concepto de "lucro cesante", es decir, la pérdida de valor que se habría producido por el uso de los edificios el 1-O, y que podría reforzar la acusación de malversación.

Duatis ha dicho que en este caso no hay, porque no se deja de ganar nada por el hecho que se utilice los locales.

Josep Orilla, abogado de Carles Mundó, ha preguntado a los peritos de la acusación si para hacer el informe tuvieron en cuenta la ley que marca la  cesión gratuita de locales públicos, y ha admitido que si se tiene en cuenta esto, no  habría ningún coste.

 

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Debate conceptual, pero sin cifras

Curiosamente, en ningún  momento de la declaración de estos peritos no se ha explicitado la cifra en dinero calculada en el dictamen pedido por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

En escritos aportados anteriormente por la Fiscalía, se aseguraba que esta cifra podía llegar a los 900.000 euros.