Marina Roig: "La Constitución no se entendería sin las movilizaciones de los años 70"

La abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, ha centrado sus conclusiones finales en la defensa de los derechos de reunión y de manifestación, que considera que las acusaciones han criminalizado.

Roig, con quien ha dado comienzo el segundo día de conclusiones finales de la defensa, ha afirmado que las acusaciones están aplicando el llamado "derecho penal del enemigo" a los acusados, al que ya hicieron referencia las defensas este martes.

"No hay Constitución sin derechos"

Según ha dicho, la Fiscalía no puede atribuirse la propiedad de la Constitución española ni su defensa, y ha añadido que no se la puede defender con "la criminalización de la participación colectiva y la movilización social":
 

"Ante las alegaciones de la semana pasada de la Fiscalía, constatamos que no hay Constitución sin democracia, no hay democracia sin participación de los ciudadanos y no hay participación colectiva sin las condiciones materiales que la hagan posible."

"La defensa de la participación colectiva implica la defensa de la Constitución y la democracia. La criminalización de la participación colectiva y la movilización social no se puede entender nunca como defensa de la Constitución."

"En el curso de la historia, las manifestaciones han sido cruciales para criticar la represión y exigir a los gobiernos democráticos que se comporten de manera responsable. La Constitución española no se entendería sin las movilizaciones de los años 70."

La abogada ha continuado argumentando que en ninguno de los documentos en que se basan las acusaciones se plantea una instrumentalización de la movilización ciudadana como herramienta de insurrección.

 

La movilización como derecho, no como amenaza

Haciendo referencia a jurisprudencia internacional, Roig ha asegurado que esta recomienda una visión de la movilización como derecho fundamental, que está por encima de principios como la unidad de España, y que en este proceso judicial esto se está vulnerando:
 

"El término 'manifestarse' comporta disentimiento, oposición, respuesta o reacción. No obstante, en vez de ver en las manifestaciones un elemento legítimo de la sociedad democrática, determinados poderes del Estado las abordan como si fueran una amenaza, una cosa que debe ser controlada, desalentada o suprimida a través de la legislación, de las políticas, de la práctica y, lo que es más grave, del derecho penal."

"La acusación dirigida contra Jordi Cuixart parte de esta concepción de la manifestación, de la movilización ciudadana, como amenaza.  Es un intento de represión de este derecho fundamental."

"El término 'manifestarse' evoca para unos los movimientos de justicia social y el ejercicio positivo de los derechos; para otros, el término se asocia a desorden, caos, malestar y desafío o amenaza a la autoridad. Hemos oído declaraciones de agentes de la autoridad que han concebido las manifestaciones que se producían ante sus cuarteles como desafíos o amenazas a la autoridad."

La desconfianza de la Guardia Civil el 20S

La abogada se ha centrado en el 20S, el momento en que las acusaciones relacionan a Cuixart con la "insurrección" y la rebelión, y ha insistido en que solo participó en la concentración ante Economía. 

Roig ha defendido que aquel día no se dificultó en ningún momento las actuaciones judiciales y que tanto Òmnium como la ANC y toda la gente convocada se limitaron a ejercer derechos fundamentales.

La abogada también ha asegurado que las acusaciones han instrumentalizado el malentendido que hubo entre las diferentes culturas policiales de la Guardia Civil y los Mossos:
 

"Para empezar, los dos tenientes que tenían que encargarse de la seguridad y la responsabilidad de aquel registro desconocían la existencia de una área de mediación en los Mossos d'Esquadra."

"No conocían, no entendieron en un primer momento cuáles eran las funciones de aquellos Mossos y no entendieron que entrara Sànchez en la Conselleria en ningún momento ni que tuviera interlocución con los Mossos."

"Se partió de una desconfianza absoluta hacia las manifestaciones de Sànchez  y de los voluntarios de la ANC."

El "desprecio" de la Fiscalía hacia la ONU

Roig ha reivindicado el informe del Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias de la ONU, que ha reclamado la libertad de los acusados en este juicio.

También se ha quejado del "desprecio" que la Fiscalía mostró hacia este informe, y ha recordado que el estado español ha participado en el procedimiento:
 

"En cuanto al desprecio que hizo el Ministerio Fiscal de esta opinión, hay que decir que el estado español ha sido parte del procedimiento seguido ante el grupo de detenciones arbitrarias y ha podido hacer sus alegaciones al respecto y explicar que la detención de Cuixart provenía de un procedimiento judicial en el que se juzgaban unos delitos de rebelión y sedición aportando toda la documentación y alegaciones que ha considerado, y el grupo de trabajo se ha pronunciado."

"Sorprende que el Ministerio Fiscal desprecie esta resolución, en tanto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos Contra las Detenciones Arbitrarias de la ONU otorga esta categoría a efectos de protección de derechos humanos, y que la reciente sentencia 1263/2018 de 17 de julio de la sala tercera de este Tribunal Supremo indica "la obligación de los tribunales de cumplir con las opiniones y los comentarios de otros órganos de derechos humanos de la ONU."

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La "violencia" del 20S y el 1-O, la rebelión y la sedición

Roig ha hecho un repaso de los incidentes más remarcables de los días 19 y 20 de septiembre del 2019, y ha considerado que ninguno fue violento, y que sólo fueron "algunos incidentes puntuales."

La abogada ha asegurado que Cuixart nunca hizo ningún llamamiento a la violencia, y que "siempre pidió una resistencia pacífica a la ciudadanía".

En cuanto al 1-O, Roig ha afirmado que "ningún ciudadano" cargó contra los operativos policiales, y ha considerado que esto ha quedado probado con los vídeos que se han visto durante el juicio.

Además, ha asegurado que los heridos que  hubo aquel día, no se pueden atribuir "ni al señor Cuixart ni al resto de ciudadanos", sino a "una desproporcionada intervención policial."

Roig ha acabado reclamando la absolución de Jordi Cuixart, y ha negado que las movilizaciones puedan constituir delitos de rebelión o de sedición.