Cuatro expertas cifran en al menos 917.000 euros los fondos públicos destinados al 1-O
La interventora Mercedes Vega interviene en el juicio ante la mirada de las otras peritos
Madrid

Cuatro expertas cifran en al menos 917.000 euros los fondos públicos destinados al 1-O

Una interventora del Estado dice que el gasto se considera hecho "independientemente de que se haya realizado el pago"

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Catalan independence trial

La malversación de fondos públicos es una de las acusaciones que pesan sobre los acusados ​​del juicio del "procés". Y este miércoles, con la primera prueba pericial, cuatro expertas de Hacienda han cifrado en al menos 917.648 euros, impuestos excluidos, el gasto público en el referéndum del 1-O. Es una cifra inferior a los más de dos millones que habían mencionado la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

El dato concreto lo ha dado Mercedes Vega, coordinadora de la intervención general de la Administración del Estado, en la primera sesión del juicio después de la pausa por las fiestas de San Isidro y la constitución de las Cortes.

Vega, además, ha remarcado que el gasto se considera hecho "independientemente de que se haya realizado el pago":
 

"Una vez realizado el gasto, se produce una disminución del patrimonio neto y, por tanto, el perjuicio se entiende ya realizado. Si con posterioridad hay un expediente que anula el procedimiento administrativo, esto no supone la nulidad como tal de la obligación." 

 


El abogado del exconseller de Justicia Carles Mundó, Josep Riba, se ha centrado en esta cuestión para que le precisaran si, en caso de que no se prestara ningún servicio, se podría concluir que no hubo ningún gasto.

La interventora se ha mantenido en la opinión. "La cuestión no es si se emite la factura que rectifica, sino qué supuesto lleva a la emisión de la primera factura y a la rectificativa", ha alegado. Ante la insistencia del letrado, una de las funcionarias, Sara Izquierdo, ha acabado dando la razón a Riba:
 

"Si la factura rectificativa responde a que la factura inicial se emitió sin que hubiera existido una prestación de servicio, entonces podríamos decir que nunca hubo gasto." 


Los gastos computados

Entre los gastos que se han contabilizado, 176.000 euros fueron para la "misión de observadores internacionales" de Diplocat, coordinada por Helena Catt y formada por una docena de personas.

Según las expertas, se les pagaron "honorarios y dietas" a las respectivas cuentas corrientes. La base para vincular estos trabajos en el referéndum es el documento de conclusiones titulado "Análisis del contexto político de Cataluña ante el referéndum del 1 de octubre para la independencia de Cataluña".
 


En este punto, la abogada Judit Gené, del equipo que defiende Joaquim Forn y Meritxell Borràs, ha intentado que la funcionaria Teresa Hernández explicara si el informe "validaba el referéndum, porque usted dice que era una misión de observación internacional". La perito ha recordado que el informe describía la jornada del 1-O, pero no ha podido manifestar que sacara una conclusión.

Las defensas también han hecho notar que una parte de los gastos de los expertos internacionales se pagaron en enero de 2018, ya con el 155 en vigor.

Otros gastos que mencionaron son 10.700 euros durante 10 meses para la web Catalonia Votes o 91.000 euros para anuncios en la prensa de una conferencia en el Parlamento Europeo que hicieron Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva.

"Irrelevante" quien tenía que pagar el anuncio de las vías

Sobre el anuncio de las vías del tren que emitió la CCMA y por el que se emitieron dos facturas de más de 112.000 y 220.000 euros, las expertas han justificado que lo tuvieron en cuenta porque "partieron del valor que le dio la misma CCMA al emitir la factura". Más allá de eso, han añadido, la discusión sobre "si la debe pagar Presidencia o la tiene que asumir la Corporación de Medios dentro de su actividad general no es relevante" para determinar si se han malversado fondos.

El abogado y exconseller Francesc Homs ha preguntado a las expertas si estaban al tanto de la emisión de anuncios de forma gratuita en el contexto del convenio marco con la Generalitat, sin reflejo en la contabilidad. Una de las funcionarias ha dicho que no tenía constancia de ello y que la interventora general no les remitió este convenio para que lo analizaran.

 

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