Bassa: "El referéndum nunca fue un acto concluyente, menos aún para la independencia"

La exconsellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, ha afirmado que el referéndum del 1 de octubre no fue un "acto concluyente". Bassa ha declarado en el juicio del procés este miércoles por la tarde, después de que por la mañana lo hiciera el exconseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull.

Bassa ha manifestado que el referéndum fue "un acto más":

"El consenso que se alcanzó fue un referéndum como una forma de compromiso institucional entre las instituciones y la ciudadanía. Por lo tanto, fue un acto más dentro de la legislatura. Nunca fue un acto concluyente, y menos aún para la independencia."

La exconsellera ha declarado que no se vulneraron los mandatos del Tribunal Constitucional y ha argumentado que, con la ley del referéndum suspendida, entendía que había un "conflicto de intereses" pendiente de solucionarse, tal y como ocurrió con otras leyes:

"Entendía que nos encontrábamos ante a un conflicto competencial jurídico que sería transitorio, al igual que los demás conflictos competenciales en el Tribunal Constitucional."

No consideraba que fuese un delito, sino un conflicto de intereses. Al igual que el gobierno de España, que tampoco había cumplido algunas de las sentencias. En mi departamento, por ejemplo, había prácticamente 18 sentencias del Constitucional que el gobierno de España no había cumplido."

 

Como hicieron otros acusados, Bassa ha remarcado que la declaración de independencia fue un acto político, que no se publicó en ningún diario oficial. Además, ha añadido que fue "totalmente imposible" esquivar el control del Estado sobre las cuentas de la Generalitat y, por lo tanto, que hubiese malversación por haberse destinado fondos públicos al referéndum:

"Era un control férreo, un control exigente, muy exigente, de modo que era el mismo gobierno del Estado el que pagaba a los acreedores, y si salía alguna cosa diferente de los acreedores habituales, teníamos que pedir el permiso y la autorización pertinentes."

Bassa ha respondido a las preguntas tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado y declara en castellano. Al principio del interrogatorio ha anunciado que se sumaba a la protesta de los demás acusados que han declarado hasta ahora, en el sentido de que no se ha autorizado la traducción simultánea del catalán. 
 

"Diálogo, negociación y pacto"

El extitular de Interior ha reiterado que buscarán el diálogo hasta el final, y ha puesto como ejemplo de esta voluntad la actitud del presidente Puigdemont:

"El presidente Puigdemont habla sobre la posibilidad de convocar elecciones. Pide garantía de que no se aplique el 155 y estas garantías no llegan nunca; al contrario. Vamos  enterándonos de que personas del PP con cargos públicos dicen que, pase lo que pase, aplicarán el 155. Y el presidente insta al Parlamento a hacer aquello que le parezca más conveniente. No fuerza la declaración de independencia."

 

"Mil formas de impedir un referéndum sin atacar a la gente"

La exconsellera ha explicado que estaba convencida de que el 1 de octubre sería una jornada pacífica, y ha criticado a las cargas policiales.

"Podrían haberse hecho muchas cosas, como desnaturalizar el resultado. Podían haberse llevado las urnas cuando la gente había acabado de votar y no habría pasado nada. Se me ocurren mil formas de impedir el referéndum sin atacar a la gente que estaba ahí. Nunca imaginé que vería lo que vi."

Responsabilidad de los centros cívicos el fin de semana del 1-O

Dolors Bassa ha comentado que el fin de semana del 1 de octubre asumió la responsabilidad de los centros cívicos por la gran cantidad de actividades previstas frente a la inquietud de algunos directores:

"En cada una de las demandas que hay en el departamento solicitando la actividad se responde con un correo electrónico diciendo:  'De acuerdo, se da autorización para la actividad, pero tengan presentes ustedes las órdenes judiciales y policiales.

En ningún momento tiene nada que ver con el 1 de octubre. Pero sí resulta que el fin de semana del 1 de octubre, la ciudadanía de Cataluña estaba haciendo actividades y pedían centros cívicos para poder realizarlas. Por lo tanto, les avoco las competencias el fin de semana."

A preguntas de la Abogacía del Estado, que representa Rosa María Seoane, ha respondido que considera que cumplió con las órdenes del Tribunal Superior de Justicia, porque se comunicó a los centros que hacían actividades que a las 6 de la mañana del día 1 no tenía que quedar nadie: 

"Creo que cumplimos las órdenes policiales y judiciales. Lo que no puedo hacer es decirles a los funcionarios del departamento que vayan centro cívico por centro cívico a ver si se cumplen o no."

 

Ningún gasto a partir del 7 de septiembre

La exconsejera ha remarcado que desde la suspensión de la ley del referéndum no se "materializó ningún acto", y se acató la suspensión de la sindicatura electoral. También ha manifestado que no hubo ningún gasto de la partida de procesos electorales prevista en los presupuestos:

"No se gastó ni un solo céntimo de esta partida, porque estaba anulada. A partir de la suspensión de la ley, no se realizó ni se materializó ningún nuevo acto."

Sobre los correos que le ha enseñado el fiscal Fidel Cadena para intentar demostrar que no se había atendido la petición del TC, la extitular de Trabajo ha manifestado que eran anteriores a la suspensión de la ley.

También ha defendido que llevaron adelante la ley de transitoriedad "siempre con la idea de un pacto".

Apoyo de la Generalitat a la huelga del país

Bassa ha diferenciado entre la huelga general y la huelga del país, que se convocó para después del 1 de octubre. Ha dicho que la Generalitat, como institución, se adhirió a la huelga "tal como lo hicieron los ayuntamientos como el de Reus o el de Terrassa, las patronales de Cataluña o sindicatos mayoritarios". Y que dictó servicios mínimos para la huelga porque, según ha remarcado, era su obligación:

"La acusación o la Fiscalía lo han entendido mal, pensando que es para dar publicidad. Es al revés... [...]

La huelga está convocada por cuatro sindicatos, CGT, IAC, COS e Intersindical. Y el preaviso se da unos diez días antes, como es obligatorio por motivos laborales, y es del 2 hasta el 13 de octubre. Lo que se decreta, como siempre, es una orden de servicios mínimos, que es la obligación de cualquier consejera de Trabajo o ministra."

Después de más de una hora y media de preguntas de las acusaciones, Bassa ha reiterado que no contestaría la acusación popular que ejerce Vox, y ha alegado que no lo hacía "por respeto a las mujeres de España". Y ha empezado el interrogatorio de la defensa.

El abogado de Bassa, Mariano Bergés, ha preguntado a la exconsejera si, después de los hechos del 20-S se consideró tomar algunas medidas excepcionales de cara al 1 de octubre:

"(Bergés) -¿Se concertó algún plan para cortar las comunicaciones? (Bassa) -No.
(Bergés) - ¿Y para ocupar puntos neurálgicos?(Bassa) -No.os
(Bergés) -¿O para detener personas? (Bassa) -No, nunca.
(Bergés) -¿Había algún plan para ocupar edificios públicos?  ¿Hicieron uso de la violencia? (Bassa) -Siempre, y creo que no es ni un pensamiento ni realidad mía, sino de todo el gobierno. Siempre dijimos que debía hacerse de forma pactada y pacífica."

Para Bassa, la Fiscalía pide 16 años de prisión por rebelión y malversación; la Abogacía del Estado pide 11 años y 6 meses de prisión por sedición y malversación, y Vox también pide 74 años de prisión por rebelión, organización criminal y malversación.

La sesión ha acabado sobre las siete menos cuarto, y el juez Marchena ha anunciado que después de un receso de 10 minutos, continuarían los interrogatorios.